Museos, institutos históricos y espacios culturales como Tecnópolis y el Palacio Libertad pasarán a depender de la Secretaría de Cultura, en el marco de una reorganización para reducir el gasto público y centralizar funciones.
El Gobierno Nacional avanzó en la oficialización de una serie de reformas estructurales en el área de Cultura, que implican la disolución de varios organismos descentralizados y la reconversión de otros en unidades organizativas bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, encabezada por Leonardo Cifelli. La medida, que ya había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quedó plasmada en el decreto 346/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, se enmarca dentro de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, declarada por la Ley N° 27.742. En este sentido, se oficializó que tanto la Secretaría de Cultura como el Ministerio de Capital Humano asumirán los compromisos y responsabilidades de los organismos disueltos, en un intento por recortar gastos y mejorar la eficiencia de la administración nacional.
Entre los cambios más destacados figura la transformación del Museo Nacional de Bellas Artes en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura. Del mismo modo, el Instituto Nacional Browniano, el Instituto Nacional Newberiano y el Instituto Nacional Belgraniano fueron oficialmente disueltos. A su vez, el Palacio Libertad, el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento y el Parque Tecnópolis del Bicentenario también dejarán de funcionar como entes autónomos para integrarse a la estructura de Cultura.
En tanto, el Ministerio de Capital Humano impulsó la eliminación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, así como de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón. Según se argumentó, la enseñanza de la historia nacional “está garantizada por el sistema educativo y otras instituciones especializadas”.
Asimismo, el Instituto Nacional del Teatro dejará de ser un ente autárquico y se convertirá en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura. Esta decisión surgió a partir de un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que alertó sobre deficiencias en el control interno del organismo. Según el documento, “solo el 46% de los subsidios otorgados bajo el Plan PODESTÁ, implementado durante la emergencia sanitaria de 2020-2021, fueron rendidos”, y de estos, el 92% no había sido analizado.
El informe advirtió que la falta de fiscalización derivó en “una gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos que pudo haberse visto favorecida en virtud del mayor grado de autonomía derivado de la descentralización del organismo”.
Además, mediante el decreto 345/2025, se dispuso la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ambos funcionarán como una sola unidad organizativa, también bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. La intención, según consta en la normativa, es “optimizar la administración y promover la investigación y difusión de personalidades históricas destacadas de Argentina”.
En la misma línea, el Instituto Nacional Sanmartiniano y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos también fueron integrados a la estructura de Cultura como nuevas unidades organizativas. Esta medida, según lo expresado en el Boletín Oficial, no implicará la desprotección del patrimonio que gestionan, sino que apunta a “una mayor eficiencia en la gestión de sus funciones sin que ello implique desproteger el patrimonio histórico a su cargo”.
De tal modo, los recursos financieros y presupuestarios de todos los organismos alcanzados por esta reestructuración serán transferidos a la Secretaría de Cultura, que deberá implementar las acciones necesarias para concretar los cambios. A su vez, el personal de los organismos disueltos será reubicado conforme a lo estipulado por la Ley N° 25.164 y sus normas complementarias, según lo indicado por el propio Boletín Oficial.
El decreto también establece que los inmuebles, vehículos y bienes muebles pertenecientes a los entes suprimidos pasarán a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para su posterior redistribución o disposición, con autorización previa del Poder Ejecutivo.
En paralelo, se creó un esquema de consejos asesores ad honorem, integrados por especialistas en distintas disciplinas del ámbito cultural. Estos consejos actuarán como instancias de consulta no vinculante para las nuevas unidades organizativas y estarán conformados por referentes del mundo teatral, bibliotecario y cultural en general. Su objetivo será asesorar en la elaboración de políticas públicas y planes de acción.
El informe técnico de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aportó contexto a esta decisión, al revelar que al 7 de febrero de este año existían 111 organismos en el sector público nacional, de los cuales 40 eran desconcentrados y 71 descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores.
Finalmente, el decreto establece que las sumas líquidas y los títulos públicos pertenecientes a los entes eliminados quedarán a libre disposición del Tesoro Nacional. También se indica que, en el momento de cesar sus actividades, los organismos disueltos deberán presentar sus estados contables a la Contaduría General de la Nación, como parte del proceso de cierre definitivo.
