El viernes pasado la Fiscalía de la Ciudad decomiso un lote de residuos patológicos que habían sido arrojados en contenedores comunes de basura. El procedimiento tuvo lugar en Suipacha al 700, en pleno centro porteño. Los desechos habían sido detectados en un control de rutina efectuado por personal de la Subsecretaria de higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño.
Una empresa de servicios odontológicos fue identificada como la responsable de eliminar los desechos patológicos, en bolsas comunes de consorcio en los contenedores de la cuadra. Se llego a esta conclusión luego de que los agentes de salubridad encontraran una variedad de membretes e información sobre los turnos que la empresa brindara diariamente.
Luego de este hallazgo, la UFEMA decidió buscar al responsable legal del establecimiento y con la ayuda de personal de Policía de la Ciudad se identificó a la apoderada de la sociedad que funcionaba como un centro privado de atención odontológica. Seguido de esto se le informo a la responsable que debía cesar en su comportamiento y deshacerse de los residuos patológicos tal y como contempla la ley, es decir, contratar los servicios de una planta de tratamiento para esta clase de residuos.
A partir de aquí se abre un sumario y se cita a declarar ante la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente a los imputados. Previa comprobación de que los manifiestos de retiro y disposición final de los residuos patogénicos están en el marco de la ley, la Fiscalía puede multar a los responsables con multas que van desde los 600 a los 15000 pesos argentinos, o de no querer efectuar el pago de la multa, la ley puede darle desde 30 a 3 años de arresto por este ilícito. Más severas son las penas en caso de que estos hechos hayan ocurrido en espacios donde conviven niños.
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Siendo una de las grandes problemáticas de la Ciudad la cantidad de gente que debe revolver entre la basura para encontrar alimentos u objetos que puedan constituir un bien con el cual comerciar y llevar un plato de comida a sus familias, este tipo de actitudes son condenables y responden a una falta total de consideración por el ciudadano.
